El largo litigio por el destino de 18.000 toneladas de basura depositadas desde hace 15 años en la ex planta de residuos de Pacará Pintado ha tenido una nueva instancia en estos días. La Corte Suprema de Justicia ha dictado un fallo que invalida la sentencia de un tribunal de primera instancia que, en agosto de 2024, había ordenado al Consorcio Metropolitano (Girsu) el traslado de esos desperdicios hasta la planta de Overo Pozo. El alto tribunal resuelve, tras la casación del Girsu -que se había opuesto a que se lleve allí ese material-, y remite los autos a la Cámara para que dicte nuevo pronunciamiento.
Se trata de un caso ocurrido en medio de los problemas de cambio de sistema de tratamiento de los residuos de los municipios en la primera década de este siglo, cuando, a partir de un amparo judicial iniciado por organizaciones ambientalistas, dejó de usarse los servicios de la empresa que operaba la planta de Pacará Pintado y se comenzó a utilizar el predio de Overo Pozo, administrado por el consorcio metropolitano que recibe los residuos de varios municipios y comunas. En medio de ese momento de transición de hace 15 años se depositó basura cuando Pacará Pintado ya no habría estado operativa. De allí surgió la demanda de la firma de esta planta para que se trasladara los desperdicios, lo que derivó en una resolución que disponía el traslado de los residuos sólidos urbanos (RSU) remanentes. El año pasado, la Cámara ordenó cumplir esa medida “previa autorización y aprobación” de la Secretaría de Medio Ambiente. Sin embargo, según el fallo de la Corte, esa medida era inaplicable porque desde el primer momento la Secretaría ambiental había considerado inviable el traslado “sin un detallado tratamiento ambiental” de los RSU, que nunca se había hecho, y eso conducirá “a expandir los impactos sobre el ambiente, diferir las soluciones o trasladar el tratamiento de temas tan necesarios para la protección de la salud pública y el cuidado del medio ambiente”.
Al respecto, hace un año, a propósito del fallo de la Cámara, la presidenta del Girsu había dicho que el traslado iba a tener un costo estimado de cerca de $ 800 millones; que iba a implicar 1.196 viajes y que además eso iba a afectar la operación de Overo Pozo.
Por ahora se ignora cómo ha de resolver la justicia este problema en esta nueva instancia. Sin embargo, es importante que funcionarios de la provincia y de municipalidades y comunas analicen lo que ha llevado a que se hayan depositado 18.000 toneladas a cielo abierto en un conflicto desatado en medio de debates por el ambiente y por los costos del tratamiento de los residuos.
La provincia ha tenido desde entonces disparidad de criterios en este asunto, y asimismo se ha avanzado de modo desigual hacia una mayor conciencia ambiental y hacia un tratamiento sostenible, en línea con la economía circular. Este tema debería llevar a conclusiones para saber qué se hizo mal para que se diera esta situación y qué se debe hacer para evitarla en el futuro.